Os lo fusilo del blog de Anghara que a su vez lo ha hecho de El Mundo. Muchos son los actos repugnantes cometidos por el gobierno de Zapatero, pero seguramente sus componendas con ETA son de lo más aborrecible que haya cometido cualquier político español en los 40 años de Democracia junto con los asesinatos de Felipe González:
Esta es la exclusiva de Ángeles Escrivá que publica hoy El Mundo:
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid el Mundo
edición impresa 28-03-11
El Gobierno aseguró a ETA que intentó parar una operación policial, pero no pudo
La banda lo recoge en el acta de negociación, dos días después de los arrestos del Faisán
También le reveló que «sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide» o «Es un accidente grave (las 13 detenciones). No sé qué deciros. Es algo que viene de hace dos años y es un asunto que viene del juez. Es un accidente importante, y cuando lo escuché, me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis», dijo uno de los negociadores del Gobierno con ETA. Otro de los negociadores, «haciendo alusión a las 13 detenciones, dice que lo han intentado, pero que no han podido pararlo».
Los enviados por la banda terrorista a negociar con los representantes del Ejecutivo transcriben de este modo su versión de una de las conversaciones mantenidas durante aquellos encuentros. La reunión está fechada por los propios etarras el 22 de junio de 2006, dos días después de que la Policía llevara a cabo las detenciones contra el entramado de extorsión de ETA. Mes y medio antes, el 4 de mayo, un policía había entrado en el bar Faisán de Irún, cuyo propietario es Joseba Elosua, para, según declaración del propio hostelero, advertirle de que estaba siendo vigilado y debía interrumpir la entrega prevista de dinero a ETA procedente de la extorsión empresarial.
Las conversaciones vienen recogidas en un acta incautada el 20 de mayo de 2008 en Francia a Francisco Javier López Peña, Thierry. Las actas que pudieran tener alguna relación con el caso fueron remitidas recientemente por la juez antiterrorista francesa Laurence le Vert al juez Pablo Ruz, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
LA CARTA A ZAPATERO
A esta reunión, convocada dos días después de los arrestos delFaisán, acudieron un representante de ETA, dos enviados del Gobierno y tres intermediarios. Fue solicitada por la organización terrorista «ante la gravedad de la situación» y se inicia con la entrega a los interlocutores de una carta de ETA al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la solicitud de que le llegara directamente a él, sin intermediarios.
Al principio del encuentro, el representante etarra se queja de que el Gobierno esté vulnerando los acuerdos entre ambas partes con sus declaraciones. Se lamenta de que el presidente haya declarado a Catalunya Ràdio: «Hablaré con ETA de su disolución y del futuro de sus integrantes» porque, según recuerda, todos los intervinientes habían consensuado que «lo que pudiera hablarse sobre el proceso sería lo acordado entre ambas partes». «Pocos aspectos positivos se pueden sacar sobre vuestra actitud, si no son los de haber hecho pública vuestra intención de reuniros con Batasuna [la reunión del PSE con la formación ilegalizada en un hotel de San Sebastián se había anunciado entonces y se produjo semanas después] y lo declarado en Baracaldo», dice el etarra, que insiste en protestar porque «mantenéis un tipo de discurso durante decenas de reuniones con Batasuna y otro distinto en las declaraciones públicas que hacéis». «Suponemos que es a esto a lo que llamáis un proceso duro, largo y difícil», añade, en alusión a la frase repetida por el presidente Zapatero durante aquellos meses.
«La guinda han sido las últimas detenciones, parte del plan diseñado por el Gobierno con provocaciones como las declaraciones de los ministro de Interior, Justicia y portavoz de La Moncloa». ETA especifica que se refiere a declaraciones como «Ni jueces ni policías están con los brazos cruzados» o «El Gobierno conocía la fecha en la que se iban a realizar las detenciones, fecha que fijaron los jueces hace una semana».
La banda asegura que su esperanza de que el Gobierno cumpliese «no ha tardado en desaparecer» y atribuye al Ejecutivo una actitud «saboteadora del incipiente proceso».
El acta recoge, a continuación, la respuesta de uno de los representantes del Gobierno. El etarra escribe: «Sobre las declaraciones concernientes al proceso, subraya [el negociador del gobierno] que todo el mundo opina. Que hay declaraciones que, dependiendo de quién las haga, la opinión pública lo entiende de una u otra manera. Que hay que entender el ropaje con el que se visten algunas declaraciones. Que no se puede salir de la mañana a la noche con el discurso real de lo que va a ser el final del proceso. Que el discurso hay que ir modelándolo según avancen las cosas, que hay que entender el discurso formal como dirigido a la clase política, a los que aúllan contra el proceso y que, en todo caso, esto no supone que vaya a ser alterada la hoja de ruta».
LEGALIZAR BATASUNA
Como demostración, el mismo interlocutor asegura que «estamos trabajando y seguiremos haciéndolo para que en septiembre o en octubre Batasuna sea legal». Según recoge el etarra en el texto, el enviado del Gobierno explicó el retraso en los avances asegurando: «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT» y añadió que «los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían».
«La Fiscalía ha tenido una actuación positiva salvo en una ocasión» admitió, según ETA, uno de los enviados segundos antes de que otro asegurara que las últimas detenciones habían intentado pararlas y que «fue una carta que alguien hace llegar al juez» la que desencadena la operación de los detenidos. Este segundo interlocutor del Gobierno admite que «desde el alto el fuego de marzo las cosas no han ido como cada uno había previsto». Le reprocha a la organización que haya incumplido el pacto, con agresiones como los actos de terrorismo callejero, y resalta lo «mucho» que el Ejecutivo ha hecho por la negociación.
«El Gobierno ha hecho modificaciones con la intención de blindar el proceso: cambios en el Gobierno [Alfredo Pérez Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso], cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional [el anterior fiscal jefe era Eduardo Fungairiño]». «Os quedará la duda, pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura, como ejemplo, el caso de Batasuna, pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y las víctimas».
FALLO DE CÁLCULO
Según ETA, el Gobierno respondió a las acusaciones de estar incumpliendo lo que prometió en las negociaciones anteriores a la declaración del alto el fuego, que le habían «fallado los cálculos»: «Hace dos años se pudo realizar el acto de Anoeta y hoy se prohíbe una rueda de prensa que nunca antes se había prohibido. La situación ha ido torciéndose». El representante del Ejecutivo se quejó de que el Gobierno mantenía «el discurso sobre la hoja de ruta», mientras ETA no salía de la exigencia de autodeterminación y territorialidad. Dice que pueden ponerse en marcha las dos mesas [una política y otra técnica], pero aclara a la banda que nunca se habló de los plazos de su puesta en funcionamiento y rechaza rotundamente la intención de ETA de controlarlo todo. «Los dos carriles pueden coincidir en el tiempo pero no puede haber tutelaje y, si coinciden, que pueden coincidir, habrá que hacerlo de manera que no lo parezca», señaló el interlocutor, quien añadió: «Lo que tenéis que tener claro es que el Gobierno tiene intención de cumplir».
El siguiente punto del día fue dedicado a la ruptura de las «garantías» que la dirección de ETA había enumerado y remitido con su enviado. Y el Gobierno responde.
«En el apartado de las detenciones [relata el etarra que manda el informe a sus jefes] dicen [los del Gobierno] que, salvo dos o tres, el resto devienen de procedimientos judiciales o de la situación de ilegalización de la izquierda aberztale; que tenemos una percepción irreal de lo que ocurre, porque decimos que la represión se ha intensificado, cuando de ninguna manera obedece a un plan diseñado por el Gobierno».
GRANDE-MARLASKA
El Ejecutivo añade que «se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza y a la Policía francesa que no hagan detenciones y ha sido muy difícil hacerlo (sabiendo que la Guardia Civil sólo obedece al Duque de Ahumada), pues esas órdenes no se pueden dar por escrito», y subraya que «Grande-Marlaska investiga si el Gobierno ha instigado a unos policías a no realizar detenciones». Insiste en que es muy difícil trabajar en Francia por la buena relación de Sarkozy con el PP y recuerda que «incluso hubo un parón en las detenciones antes de la tregua». En definitiva, «no es voluntad del Gobierno realizar arrestos, es decir, tirar piedras sobre su tejado». Según se sostiene en el archivo de la organización, el Gobierno puso empeño en demostrar a la banda que su apuesta por el proceso era sincera y puso como ejemplo las cartas de extorsión a los empresarios que ETA no dejó de enviar durante la pasada tregua. «El ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide», reveló el enviado, quien justificó esta actitud asegurando que «hemos intentado minimizar ciertos hechos por y para el proceso: lo que perjudica al Gobierno os perjudica también a vosotros y al contrario».
EXTORSIÓN Y ATAQUES
ETA sostiene que el Gobierno le dejó bien claro que «el envío de cartas es un incumplimiento de lo acordado, porque aunque la amenaza no sea explícita [las remesas remitidas por la organización durante la tregua solicitaban, más que exigían, un pago], el solo hecho del sello de la organización es suficiente para que la familia se asuste». Según la banda, el interlocutor del Ejecutivo añadió que, «si el problema es el dinero, siempre se podrá arreglar por medio de una organización internacional». [Así ocurrió en Irlanda, donde la Comunidad Europea habilitó un sistema de ayuda a los terroristas que se acogieron al plan de paz]. A los reproches del Gobierno sobre los incumplimientos de ETA, la banda respondió que es «grave» decir que hay cuestiones imparables como las decisiones de los jueces, porque esto vulnera los acuerdos iniciales. El terrorista de la banda se entretuvo en leer un texto que respaldaba este punto.
SENTIDO POSITIVO
La organización aseguró que las cartas no eran «una contravención de lo acordado» y que la «kale borroka» ni era «incumbencia de la organización» ni «está en los acuerdos». El interlocutor del Gobierno, que insistió en aportar «algo en el sentido positivo», argumentó que, «durante el comienzo del proceso es lógico que se den accidentes», «que hay que ser conscientes y cautos» y «que hemos sido un poco ingenuos al pensar que tras el 22 de marzo [día del comunicado] las cosas iban a pasar del blanco al negro». «El Gobierno, por medio del fiscal, ha actuado convenientemente, pero ante los jueces tiene un tope. Con la policía, antes del juez, el Gobierno puede actuar, pero al revés no, y eso es así en cualquier estado moderno», concluyó. El etarra, según las actas de ETA respondió: «Si las detenciones no son ámbito del Gobierno y sí de los jueces, entonces ¿por qué firmasteis los acuerdos?». La reunión duró «cuatro horas y pico». El etarra advirtió que «si se incumplen las garantías el proceso, se para; porque no se puede hablar de otros temas» y solicitó a sus interlocutores que le hicieran llegar la situación al Ejecutivo. La banda, a su vez, lo hizo mediante una carta. Quedaron para el día siguiente.
Por Prevost
