+ Recetas contra la Crisis

José Barea en cincodias nos da una ante la avalancha de gastos públicos para intervenir en la economía:

A mi entender, la auditoría pública debería realizarse mensualmente por la Intervención General, a través de funcionarios del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Administración del Estado, a quien corresponde el control de los fondos públicos, y de funcionarios del Banco de España, expertos en operaciones de crédito. Ahora bien, dado que el artículo 162 de la LGP dispone que la auditoría pública consistirá en la verificación realizada con posterioridad, y que el artículo 163 de la misma ley establece que la auditoría pública se ejercerá sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la operación interventora y de control financiero permanente, considero que la actividad del fondo referente a inversiones en instrumentos financieros emitidos por entidades de crédito y fondos de titulización, respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras, deberán estar sometidos al control previo de la Intervención General, que lo realizará a través de funcionarios del Cuerpo de Interventores y Auditores y de funcionarios del Banco de España.

Fuente

El señor Barea quizá no sea del todo consciente, aunque me temo que sí, de que un funcionario de rango inferior no parece ser la persona idónea para controlar a un funcionario de rango superior. Y por eso quizá, más adelante afirma lo siguiente:

El control parlamentario corresponde al Congreso de los Diputados, el cual cuatrimestralmente remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda un informe sobre la gestión del fondo.

Imagino que confuso por el cierto aroma de corrupción que dimana de cualquier aumento del gasto público el señor Barea siente cierta vergüenza al cometer errores de novato.
La única manera de que haya un control real de este gasto público es someterlo a diferentes auditorías externas parciales y públicas. Auditores que no pertenezcan a la organización que pretende disponer, casi con total libertad, de ese dinero público.
Quizá el Señor Barea, compelido por su respeto a la ley, no conciba la posibilidad de insinuar que a la Administración pública pueda controlarla una empresa privada, y mucho menos, la opinión pública mendiante la difusión de los datos.
Si realmente se quiere controlar el gasto público la mejor solución no es poner a la zorra a guardar las gallinas, esperar honestidad de un funcionario es como confiar en que un musulman con una mochila bomba no se detone en una sinagoga.

Por Maestre de Campo